Si una administración central trata de forma desigual al conjunto de sus administraciones locales y autonómicas, está incumpliendo uno de los principios constitucionales, el artículo 14: todos los españoles son iguales ante la ley. No puede ser que los madrileños, por haber votado a una alcaldesa progresista, vean reducidos sus niveles de gasto público municipal, más cuando el comportamiento presupuestario del Ayuntamiento de Madrid durante estos dos años ha sido todo menos manirroto.
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