No hay democracia que pueda aceptar que el portador de la jefatura del Estado, sea monárquica o republicana, disponga de una patente de corso para delinquir. No hay democracia que pueda tolerar que, una vez que existen indicios de conductas delictivas por parte del rey, no se pueda investigar por las Cortes Generales su ejecutoria como jefe del Estado.
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