El Gobierno de Grecia inició un juicio contra 24 trabajadores humanitarios que facilitaron la llegada de refugiados a las costas griegas sanos y salvos, impidiendo que murieran ahogados. Entre los acusados se encuentran la refugiada y activista siria Sarah Mardini y el buceador alemán Seán Binder, quienes son señalados junto a las otras 22 personas de una serie de delitos, entre los cuales figuran el espionaje y la falsificación, por lo que podrían afrontar una pena de prisión de hasta ocho años en caso de que sean condenados.
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