Informáticos de la Comunidad de Madrid llevan al menos una década accediendo a datos judiciales confidenciales en todo tipo de tribunales, presuntamente sin el consentimiento de los jueces. Un juzgado de Madrid ha imputado a dos trabajadores de la empresa pública por revelación de secretos y también al responsable de informática del Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), que recibía esos datos y los usaba para reclamar el pago de las cuotas mensuales a sus colegiados.
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