La investigación se inició en 2012 a instancias de la entonces consejera de Cultura y actual alcaldesa de Gijón, Ana González, quien denunció la existencia de una presunta trama de falsificación de facturas en la que el principal acusado, Natalio Grueso, jamás se vio concernido como aseguraba en 2014 en la comisión de investigación de la Junta General del Principado.
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