La decisión se toma el mismo día en que el Gobierno ha dado el visto bueno a la apertura de delegaciones catalanas en Argentina, México y Túnez ya que no tiene "ninguna objeción" al nuevo texto de los decretos de creación presentados por la Generalitat. Ha recordado, no obstante, que puede volver a pedir judicialmente el cierre de las delegaciones si considera que su actividad "vulnera la legalidad o son contrarias a los intereses de España".
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