El Congreso rechazó tramitar una proposición de ley promovida por organizaciones sociales y de inquilinos para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y dar más protección a los arrendatarios. La toma en consideración de la propuesta se tumbó por 178 votos a favor (PP, Vox, UPN y Junts) y 172 a favor (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG, Podemos, PNV y CC).
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