El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el máximo tribunal andaluz, encargado de investigar a los aforados andaluces en cualquier evento judicial, vive desde el año 2010 en un piso que paga la Junta de Andalucía. Para justificar el pago, la Junta utilizó un acuerdo secreto, evitando así la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Andalucía.
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