La asesoría jurídica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta ha elaborado un informe que concluye que la Administración autonómica y sus entes instrumentales "no pueden" excluir a las entidades financieras que practiquen desahucios como plantea Podemos. El informe analiza la legalidad de que el Gobierno andaluz excluya la posibilidad de hacer contratos o convenios con las entidades financieras que practiquen desahucios de viviendas, una de las condiciones que Podemos ha puesto al PSOE-A para negociar la investidura.
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