El magistrado Manuel Marchena ha abierto el juicio contra los dirigentes soberanistas catalanes prometiendo que se tomarán en consideración las denuncias de las defensas de que se han vulnerado los derechos fundamentales de los encausados. Sin embargo, en su último auto previo a la vista, ha rechazado todos y cada uno de los testigos y pruebas que podrían demostrar que la instrucción se efectuó sin respetar los dos derechos constitucionales ante la Justicia: el del juez ordinario predeterminado por la ley y el de una investigación imparcial.
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