El juez Eloy Velasco, instructor de la Púnica, ha solicitado documentación a 12 grandes ayuntamientos bajo sospecha. Entre ellos, los consistorio de Madrid y Valencia, gobernados por Ana Botella y Rita Barberá respectivamente, cuando ocurrieron los hechos investigados. La información, según El País, tiene relación con los contratos que el empresario Alejandro de Pedro logró de estos ayuntamientos a través de las sociedades Madiva y Eico.
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