El entonces comandante Francisco García Santaella, responsable de la Jefatura de Policía Judicial e Información de la Comandancia de Granada, ejercía “labores de seguridad” para la organización criminal “que garantizaban la entrada de hachís en territorio español, por lo que recibía la cuantía de 120.000 euros por trabajo realizado, independientemente de la cantidad de droga que se introdujera”.
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