Un juez de Benidorm ha cuestionado los criterios que tiene la compañía eléctrica Iberdrola para reclamar el dinero por los enganches ilegales a la red de suministro para abastecer a las plantaciones de marihuana. En un procedimiento por un cultivo donde se requisaron más de 2.500 plantas a dos ciudadanos chinos en una casa de campo en Benidorm, la empresa reclamaba una indemnización de 78.000 euros por el consumo fraudulento. Una cifra que el juez no ha considerado probada y que en la sentencia fija en 3.000 euros.
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