La magistrada sostiene que los expendientes investigados "contienen datos mendaces, pues reiteradamente dan por realizados más trabajos que los efectivamente llevados a cabo por las empresas contratistas". La magistrada explica que fue en noviembre de 2014 cuando la propia entidad pública ADIF Alta Velocidad presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, órgano que junto con la Guardia Civil llevaron a cabo una "minuciosa" investigación preliminar, antes que se judicializa el caso en su juzgado.
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