Distintos jueces del Tribunal Supremo se han mostrado críticos ante la iniciativa del Gobierno de incrementar hasta los 72 años la edad de jubilación y de eliminar de forma paralela la figura del magistrado emérito. Consideran que la iniciativa les aboca a trabajar "hasta sus últimos días" para así obtener un mínimo incremento en la pensión, de un cuatro por ciento en el mejor de los casos.
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