En apenas dos años y medio, la Comunidad de Madrid repartió 1.273.406 contratos menores, “más que Galicia, Valencia, Catalunya y Andalucía juntas”. La coalición de izquierdas cree que puede haberse incurrido en los posibles delitos de malversación y prevaricación con esta “mala praxis”. Carlos Sánchez Mato, concejal del Ayuntamiento de Madrid, advierte del riesgo de que estas adjudicaciones se resolvieran “a cambio de prebendas”.
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