Cinco años después la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA), el secretario de Estado d'Interior del gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, ha admitido en una carta a los propietarios de la entidad que se trató de una decisión política y califica la actuación de "injustificada, desproporcionada e injusta". Exime, sin embargo, de cualquier responsabilidad al gobierno del PP, y descarga toda la culpa a las autoridades de Andorra.
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