Lo que podría ser una buena noticia, en realidad, no lo es, puesto que, según un análisis realizado por expertos juristas, lo aprobado por el Ejecutivo vulnera la literalidad de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En primer lugar, el Real Decreto omite toda referencia a la sentencia del TJUE de 19 de marzo en cuanto niega que los procesos de estabilización sean medidas sancionadoras ni de prevención del abuso laboral. Además, obvia toda referencia a que 20 días de indemnización no son una medida de prevención
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