La ONG detalló que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los militares y la Policía Nacional contra los manifestantes que exigieron la renuncia de la presidenta del Perú. “Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, dice HRW sobre esta situación en su informe.
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