La «errónea» información, como la describe Martínez, fue facilitada por España y Andorra al FinCen norteamericano -el organismo anticrimen bancario- y este hizo una nota fechada el 10 de marzo de 2015 de la que se valió el Gobierno andorrano para decomisar la BPA. La consecuencia de esta falsa información es que el Gobierno del Principado de Andorra se quedó con la gestión de la BPA y logró que una entidad que entonces pasaba por ser la segunda más rentable de Europa esté sumida hoy en el cieno y afronte un agujero de más 500 millones de euros.
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