El Tribunal Supremo aceptó investigarla por los presuntos amaños de contratos cuando estaba al frente del organismo cultural, en Barcelona, entre 2013 y 2017. Posteriormente, la sala de lo penal, que preside Manuel Marchena, dio el visto bueno a la exposición razonada que envió el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona. La Fiscalía vio indicios de los delitos citados, y el tribunal ha avalado la investigación.
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