En marzo de 2013, 301.905 jóvenes de la Comunidad habían solicitado al Gobierno autonómico una vivienda protegida con derecho a compra. El ejecutivo, sin embargo, prefirió el dinero contante y sonante que otorgaba la venta en bloque de las viviendas, que cuestiona ahora la Cámara de Cuentas.
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