En la reforma constitucional de 1994 se suprimió en la Carta Magna argentina el requisito de ser católico para acceder a la Presidencia, mientras se mantuvo la obligación para el Gobierno de sostener el culto católico. Este sostenimiento, reglamentado por una serie de leyes, se concreta a través del pago de una asignación mensual a cada obispo, de ayudas a parroquias en zonas de frontera y de asignaciones a seminaristas en formación... reclamará más solidaridad económica de los fieles para compensar la medida.
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