El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido denunciado ante el Tribunal Supremo por dos presuntos delitos de usurpación de funciones (artículo 402 Código Penal) e incitación a la discriminación y al odio (artículo 510 Código Penal) por el ‘decretazo’ sobre violencia de género, aprobado el pasado 3 de agosto en Consejo de Ministros.
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