El Ministerio de Hacienda abrió la semana pasada el proceso de consulta pública para ver cómo se puede aplicar en España la directiva comunitaria aprobada en mayo de este año y que obligará a todos los intermediarios financieros que asesoran o realizan operaciones transfronterizas, a denunciar cualquier indicio de “mecanismo fiscal potencialmente agresivo” que detecten sobre sus propios clientes, a modo casi de inspectores fiscales.
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