Las críticas a su riguroso régimen sancionador, que contempla multas de hasta el 150% de la cuota defraudada, no se limitan a los contribuyentes y a sus asesores fiscales, sino que han llegado a la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario apercibió a España en 2017 al considerar que el modelo 720 afecta a la libre circulación de personas y capitales.
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