Quienes solicitan la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) se ven obligados a sumergirse en un periplo burocrático para el que no están preparados. El caos en la gestión de esta ayuda, que la Generalitat presentó en el anterior mandato como un proyecto estrella, ha provocado un alud de denegaciones, un 84% del total de solicitudes, muchas de las cuales acaban con un recurso contencioso-administrativo.
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