El Gobierno y Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea tienen discrepancias sobre cómo debe plasmarse en la práctica el acuerdo presupuestario que alcanzaron en materia de vivienda. El plan del Gobierno es hacerlo en dos partes: un primer real decreto de medidas urgentes antes de que acabe el año en el que se regule sobre todo la longitud de los alquileres (los contratos pasarán de ser de tres años a cinco o siete si los arrendadores son personas jurídicas) y se limiten las fianzas, entre otras cosas.
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