La norma establece que los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 “no podrán permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura”. El general Moscardó fue jefe de los defensores del Alcázar. El teniente general Milans participó en la División Azul (apoyando a los nazis) y en el golpe de Estado del 23-F.
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