La negociación del convenio único de la Administración General del Estado (AGE) lleva abierta desde diciembre de 2015, pero las derivas políticas han hecho que esté a punto de cerrarse justo antes de la celebración de las elecciones generales anticipadas del 28 de abril. Esto hace que sea un terreno en el que el Gobierno podría desplegar nuevos guiños a los empleados públicos y los sindicatos lo saben, por eso presionan para que todo quede firmado y sellado antes del final efectivo de la legislatura.
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