El 'macrodecreto' con medidas de pensiones y laborales que aprobó el Gobierno a final de año albergó una modificación sustancial para los trabajadores que reciban una pensión por incapacidad permanente total. El real decreto-ley modificó la cuantía mínima de esta prestación que establecía la Ley General de la Seguridad Social, vinculada hasta el momento al salario mínimo interprofesional (un 55%). Tras el decreto se acuerda que se fije cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
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