Siempre que el Consejo de Transparencia, organismo garante de que los ciudadanos reciban la información que por ley les debe facilitar la Administración, exige al Ejecutivo que aclare el precio de los desplazamientos del líder del Ejecutivo, desde el gabinete de Presidencia ponen la misma excusa: no pueden entregar esos datos porque se trata de una información «clasificada». Sin embargo, el Gobierno nunca cumple el procedimiento, perfectamente establecido por ley, que permite transformar unos datos en poder de los organismos públicos en secreto
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