Las sanciones impuestas el año pasado en relación con el ejercicio del derecho de reunión o manifestación en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 superaron las 1.100 y, en su mayoría acarreraron multas de entre 300 --la cuantía mínima para infracciones graves-- y 6.000 euros según los últimos datos remitidos por el Gobierno al Congreso.
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