El Gobierno defiende estas opciones por generar "importantes beneficios distributivos", puesto que pueden contribuir a potenciar la inversión a largo plazo en el territorio y la creación de empleo "frente a propensiones cortoplacistas que, en ocasiones, lastran la gobernanza empresarial". También apunta que pueden ayudar a "revertir la tendencia creciente a la concentración de la propiedad, reequilibrando el reparto entre rentas del capital y rentas del trabajo".
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