El Consejo de Ministros ha aprobado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la ley vasca de medidas de protección medioambiental para la fractura hidráulica (fracking). Aprobada en 2015, la ley vasca permite a sus administraciones vedar el uso de la fractura hidráulica en los supuestos en que pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona y sobre otras competencias relativas al aprovechamiento de hidrocarburos.
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