El Ejecutivo despejó de trabas legales al proyecto de Mularroya en Zaragoza: lo declaró de interés público y eximió de realizar las medidas que compensen su impacto ambiental. Las obras estaban paradas judicialmente, pero un recurso de la abogacía del Estado había permitido que avanzaran durante cinco años con 50 millones invertidos. El Consejo de Ministros consideró que había que acabar la infraestructura por motivos de seguridad al estar ya muy avanzada.
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