En marzo de 2013 el concejal de Unión Progreso y Democracia, Ricardo Rubio, denunció las graves irregularidades que se estaban cometiendo en el Centro de Protección Animal por la gestora del mismo. La infracción mas grave era el sacrificio de aproximadamente el 50% de los animales que no fueron recogidos por sus dueños o eran abandonados. Tras recoger más de mil firmas en tan solo un mes y la realización de dos manifestaciones, el Equipo de Gobierno del PP se vio obligado a no renovar el contrato con la empresa, la cual demandó al concejal.
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