La juez que instruye la investigación contra la trama del jamón podrido ha tomado declaración a 16 funcionarios de la Junta de Extremadura tras las inspecciones sanitarias que destaparon una extensa trama empresarial acusada de delitos contra la salud pública. “Vimos unos centros de jamón que estaban siendo limpiados y precintados. Tenían fechas de consumo preferente o caducidad rebasadas. Eran producto sandachs (productos que deben ser incinerados de inmediato), no aptos para humanos. Podían ser productos para perros, pero no para humanos".
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