El caso de las cuatro grandes bodegas de vino de Castilla-La Mancha que investiga la Audiencia Nacional por vender fuera de las condiciones y las capacidades que marca la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas amenaza por convertirse en un nuevo macroproceso judicial que puede suponer un desfalco de más de 50 millones de euros al año en los últimos ejercicios investigados, según las estimaciones realizadas desde el propio sector en la comunidad autónoma.
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