Medio millón de empleos en empresas privadas cuya continuidad depende de la subcontratación con administraciones públicas pierden entre el 10% y el 15% de sus ingresos. ERE y negociación a la baja de salarios y al alza de jornadas de trabajo se convierten en moneda común antes y después de los procesos de licitación de los servicios públicos.
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