La última renovación de contrato prevista para marzo de 2020, días después del estado de alarma, el fondo solicitó a Mari Ángeles un alquiler de 567 euros mensuales, cuando en 2005 el Ayuntamiento aseguró que en 25 años el alquiler social no superaría los 300 euros. El entramado financiero que se quedó con estas viviendas, no solo subió el precio de los alquileres sino que obligó a los inquilinos a pagar el IBI, introduciendo además algunas cláusulas que el propio Ayuntamiento denunció en 2008.
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