Ambos reconocieron en las primeras sesiones de vista oral que habían cobrado comisiones del 4% por intermediar en dos operaciones urbanísticas del área metropolitana de Barcelona. Tras el pacto alcanzado con el Ministerio Público, la fiscal del caso, Ana Cuenca, ha rebajado su petición inicial de seis años y diez meses de cárcel para cada uno y en este nuevo escrito pide un año de cárcel por el delito de tráfico de influencias y otro año por blanqueo de capitales por lo que los dos acusados podrían evitar entrar en prisión.
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