El representante del Ministerio Público les acusa de “expoliar” el patrimonio de las personas que tenían a su cargo en una sociedad sin ánimo de lucro encargada de la tutela de personas incapacitadas por sufrir enfermedades mentales mediante trasferencias “inconsentidas” e “injustificadas” a sus propias cuentas corrientes. Ese dinero asciende a 8.422.090 euros, y pretendían invertirlo posteriormente en la construcción de una residencia de lujo para ancianos con alzheimer
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