La Fiscalía Europea ha abierto una nueva investigación contra el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad por su gestión en la compra del material sanitario durante la pandemia. Bruselas quiere determinar las razones por las que el departamento entonces dirigido por Salvador Illa pudo cometer dos delitos de prevaricación y malversación cuando pagó 11 millones de euros por 500.000 batas desechables que en otras empresas podrían haberse obtenido por 1 millón, todo ello financiado con fondos comunitarios.
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