La investigación surge a raíz de la denuncia que presentó Podemos contra el Servicio Madrileño de Salud, donde alertaron de "un sobrecoste de entre 1.200 y 1.600 millones de euros" en el canon que los madrileños pagarán a las constructoras que levantaron estos siete hospitales. En su denuncia, Podemos acusaba al antiguo Gobierno de Aguirre de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y tráfico de influencias.
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