El Ministerio Público traslada a la vía penal con cargos de estafa y falsedad un episodio que le costó miles de euros a un restaurante de Zaragoza y que sufren cada año miles de hogares que no han consentido alterar su suministro. La Físcalia pide condenas de 19 meses de cárcel y 960 euros de multa por delitos de estafa y falsificación documental.
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