Se opuso al recurso de los familiares porque las residencias cumplieron los “protocolos” aprobados por la Administración, sin analizar si dichas órdenes impidieron el traslado al hospital de los 29 mayores fallecidos. La Audiencia Provincial, en cambio, decidió reabrir la causa para que declaren los responsables de “implementar los protocolos” y del servicio de geriatría del hospital.
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