En 2015 el mexicano Irineo Romero Sánchez fue enviado por grupo criminal Los Zetas a Colombia, para que fuera su enlace con el Clan del Golfo, poderoso cártel de aquel país. Allá, en Medellín, fue finalmente detenido a principios de este año. Pero el mexicano tenía un plan: pagó para que su nombre fuera inscrito en una de las listas de militantes que la exguerrilla de las FARC ha entregado al gobierno, a fin de reducirles o anulares las penas de cárcel. Y la treta estuvo a punto de funcionarle al narco.
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