Las administraciones españolas gastan unos 3.000 millones de euros al año en servicios de restauración y suministro de alimentos, según los cálculos de Justicia Alimentaria. El porcentaje más amplio de compra pública de alimentos es para los colegios, que se sitúa en torno al 57%, seguido por los hospitales y centros penitenciarios, de acuerdo a las cifras que maneja Ecocomedores.
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