La línea 7B ha estado cerrada por obras más de 915 días (casi tres de los 15 años que lleva abierta); ha provocado el derribo de 27 viviendas y el desalojo de 85; y ha obligado a gastar más de 50 millones en rehabilitar edificios, en realojar a más de 120 personas y en financiar intervenciones para reconducir la situación. El agujero económico, sin embargo, es mayor. Falta calcular el montante de las indemnizaciones patrimoniales a los afectados y lo invertido por Metro de Madrid que remite al promotor.
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